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sábado, 31 de mayo de 2014

FESTIN de millones entre la Notaria Otárola y el Gobierno Regional de Ancash

Fredy Otárola Presidente del Congreso y César Álvarez entre el amor y el odio el FESTIN de millones entre la Notaria Otárola y el Gobierno Regional de Ancash

SI DESEA VISUALIZAR EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=DWziBoeX9wI
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Fuente: Angel Duran

Provincia peruana, 'minidictadura' violenta



CHIMBOTE, Perú (AP) — Uno por uno, los altos funcionarios que llegaron de la capital tomaron el micrófono y se disculparon ante un auditorio repleto de gente furiosa que había vivido con temor. Los funcionarios reconocieron que no habían evitado el asesinato político anunciado por su víctima. Su integridad estaba siendo cuestionada.
El fiscal de la Nación, el contralor y el presidente de la Comisión de Investigaciones del Congreso, que ahora celebraba una audiencia pública, ignoraron las pruebas que Ezequiel Nolasco, ahora asesinado, les mostró a la cara durante meses.
Después de sobrevivir un intento de asesinato en 2010 tras denunciar corrupción en el gobierno, Nolasco advirtió en repetidas ocasiones que su departamento de Ancash estaba controlado por una mafia que saqueaba las arcas públicas, mataba a gente que no podía comprar o intimidar, espiaba a sus enemigos, usaba a la policía como espías y a periodistas para destruir la imagen de sus contrarios.
Un sicario lo mató el 14 de marzo, de cinco balazos. El ex líder sindical de la construcción murió cuando se detuvo a tomar una cerveza antes de dirigirse de Lima a su casa en Chimbote, en la costa, donde viven casi la mitad de los 1,1 millones de habitantes de la provincia de Ancash.

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Ese departamento vivía bajo el control absoluto de un gobernador que la gente del lugar comparaba con el legendario mafioso Al Capone, según Nolasco. Su maquinaria política era lubricada por decenas de millones de dólares provenientes de los ingresos mineros que habían convertido a Ancash en el departamento más rico del Perú.
"Es una minidictadura", dijo Christian Salas, el procurador anticorrupción enviado desde Lima a poner la casa en orden. Salas pidió la encarcelación del gobernador César Alvarez mientras se reviven más de 100 casos de corrupción en su administración y dijo que la procuraduría de justicia y los tribunales locales "estaban tomados por la delincuencia".
El viernes, un juez local prohibió a Alvarez, a su principal asistente de prensa y a cuatro periodistas salir del país durante cuatro meses mientras los investigan por peculado y asociación ilícita para delinquir.
Feudos personales llenos de corrupción no son cosa rara en las democracias latinoamericanas, pero los politólogos dicen que Ancash es un caso extraordinario por su alcance y brutalidad.
"Este individuo fue demasiado lejos", dijo Edward Gibson, profesor de la Universidad Northwestern, quien califica el fenómeno de "autoritarismo subnacional".
Steven Levitsky, de la Universidad de Harvard, dijo: "No conozco muchos casos con tanta violencia", quizás con la excepción del sur de México.
Álvarez demoró varios años después de ganar su primera elección en 2006 en silenciar a la mayoría de sus rivales y supuestamente comprar la lealtad casi total de los medios noticiosos locales. Mientras tanto, los asesinatos por contrato se convirtieron en algo rampante, y representaron dos de cada cinco de las más de 100 muertes violentas en el estado el año pasado, según el ministro del Interior de Perú, quien dijo en el Congreso que ninguno de esos casos se ha resuelto.
En el caso de Nolasco, Alvarez indujo a jueces a suprimir pruebas de que uno de sus principales aliados organizó el intento de asesinato del ex líder sindical en 2010, alegó la propia víctima. Nolasco recibió dos balazos y sobrevivió, pero su hijastro de 24 años murió tratando de salvarlo.
Nolasco, entonces congresista por su departamento, había acusado a Alvarez de planear el desvío de millones de proyectos de obras públicas.
Si hija Fiorela, de 20 años, dijo en una entrevista en la residencia de la familia que tras el intento de asesinato de su padre fue expulsado de la dirección del sindicato local de la construcción por gente leal a Alvarez.
"Gente armada tomó la central del Sindicato de Construcción Civil y la policía armada ayudó", dijo la joven, mientras escoltas policiales recién llegados de Lima observaban sin hacer nada, asomándose de vez en cuando a la calle a oscuras y sin pavimentar.
En una entrevista la semana pasada con The Associated Press después de anunciar que no se postulará a un tercer período en los comicios de octubre, Alvarez negó tener responsabilidad alguna en el asesinato de Nolasco o de ningún otro delito.
"La gente me mira como a un asesino. Entonces, ¿quién ha perdido? Dígame usted. El único perdedor con la muerte del señor Nolasco soy yo", dijo Alvarez.
"Lo perdí todo", agregó, mientras los escoltas vestidos de civil, uno de ellos con una maltrecha pistola en la cintura, custodiaban la entrada de su modesta vivienda.
"Si siguen matando a la gente me van a culpar a mí", dijo Alvarez, y sugirió que un rival político pudiera "estar maquinando todo".
Por su parte, Salas centra su atención en el antiguo puesto de mando clandestino llamado "La Centralita", desde donde Alvarez supuestamente dirigía una estructura en las sombras que entregaba casi 1 millón de dólares mensuales en sobornos.
A cuatro procuradores que trataron de registrar "La Centralita" en 2012 no los despidieron, sino que fueron acusados de abuso de autoridad por Carlos Ramos, nombrado el miércoles fiscal de la Nación, cuando dirigía la unidad de disciplina interna de la entidad.
El predecesor de Ramos, José Peláez, engavetó el año pasado la investigación sobre las finanzas de Álvarez, alegando que el gobernador no tenía ninguna propiedad.
"Siempre he vivido de manera austera", declaró Alvarez a la AP, agregando que ni es dueño de la casa donde vive. Dijo que pertenece a sus suegros.
El único aliado político de Nolasco en Lima, el congresista Modesto Julca, pidió en julio pasado que se impusiera el estado de emergencia en Ancash. Julca contó casi una docena de asesinatos políticos, entre ellos los de un alcalde, un antiguo alcalde, un periodista y el testigo clave en el caso de Nolasco.
"A cada ministro le dije: 'Oye, hay amenazados, están matando'. Pero nadie prestó atención".
Ese mes, un niño de 9 años le entregó a la procuradora anticorrupción Nancy Moreno un sobre de papel manila con una bala adentro. "Deja de joder ", decía la nota que acompañaba la bala. "A mí nadie me toca".
Moreno, una de un puñado de funcionarios públicos que se ha negado a doblegarse ante Alvarez, está prisionera en su propia casa desde entonces.
Constantemente acompañada de escoltas, le han aconsejado que no esté más de una hora en el mismo lugar.
"Toma pastillas para poder dormir", dijo su esposo, Ismael García.
El arrojo de Moreno le ha ganado admiración y fue homenajeada en la audiencia especial la semana pasada de la comisión de investigaciones del Congreso con gritos de "¡Nancy! ¡Nancy!", en un acto celebrado a una cuadra de la bahía donde atraca la flota pesquera de Chimbote.
Moreno se sentó en el auditorio junto al mismo comité legislativo que votó en julio no investigar a Alvarez.
El padre Luis Palmino, ex alcalde de Yungay, en el altiplano, fue uno de más de 130 testigos que contaron al comité sobre asesinatos por contrato, jueces que obstruyen la justicia, policías corruptos y la sumisión de medios noticiosos locales.
Unos matones lo golpearon y le rompieron varios dientes en 2010, dijo, y tres hombres armados trataron de matarlo. Desde entonces está oculto.
"Vivo constantemente cambiado de lugares", dijo. "Mi teléfono está intervenido".
Palomino no acudió a la policía, dijo, porque Alvares tenía comprada a la fuerza policial local.
Al igual que otros, se ha sentido impulsado a hablar a los medios tras el espectáculo mediático desatado por el asesinato de Nolasco.
"Mi papá siempre decía: 'El día que yo muera cae la mafia' ", le dijo Fiorela Nolasco a la AP.
Luis Luna, decano del Colegio de Economistas de Perú, dijo que los efectos de la corrupción han sido devastadores. Ancash tiene sólo 5 millones de dólares en sus arcas después de una orgía de obras públicas entre las que hubo proyectos fantasmas y otros que no se han terminado.
Entre estos últimos está el coliseo deportivo de Chimbote, al que se asignaron 11 millones de dólares.
La construcción se detuvo hace más de dos años por razones que no satisfacen a Moreno.
El proyecto es ahora un amasijo de estructuras parcialmente terminadas de concreto y varillas de acero oxidadas que se levantan de la arena como una especie de Stonehenge enclenque.
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Franklin Briceño contribuyó a este reportaje desde Lima.
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miércoles, 14 de mayo de 2014

Procurador Nacional Antiterrorismo advierte: En la UNASAM existen 28 militantes del Movadef

El procurador antiterrorismo Julio Galindo afirmó ayer que el Movadef tiene presencia en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, donde se habría identificado a 28 militantes de esta cuestionada organización ligada a Sendero Luminoso.


Galindo lanzó la advertencia en una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento en la que participaron además rectores de varias universidades del país, donde las actuales autoridades de la UNASAM no participaron.

Los rectores de las universidades del país que asistieron a la Comisión de Defensa para hablar sobre la presencia de grupos extremistas en sus universidades rechazaron tales aseveraciones que busca desprestigiar a la comunidad universitaria.

Ante esto, Galindo comentó, por ejemplo, que en la universidad Antúnez de Mayolo se detectó a 28 personas que lideran el Movadef, sin revelar los nombres de quienes estarían en la lista que tiene en la procuraduría antiterrorista. Cuando se le consultó por otros casos, Galindo no quiso dar más información.

Al respecto el rector encargado de la UNASAM Guillermo Gomero Camones salió al frente a fin de deslindar responsabilidades indicando que la presencia de militantes del Movadef en nuestra primera casa superior de estudios es materia de investigación por la policía nacional.

Gomero Camones señaló que en toda universidad pública, en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo existen diferentes ideologías partidarias donde los jóvenes universitarios se desenvuelven a través de los debates y discusiones.
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Caso Áncash: Procuraduría identifica red que lideraría César Álvarez

La organización delictiva la integrarían 16 personas y en la cúpula estarían los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo.

Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)
El presidente regional de Áncash, César Álvarez, encabezaría una organización criminal integrada por 16 personas, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción del Santa desde el último 5 de mayo y al que Perú21 tuvo acceso.
La cúpula estaría conformada por el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo; el abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el empresario Martín Belaunde Lossio, y Jorge Burgos Guanilo, encargado de la imagen del titular ancashino.

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La autoridad regional –señala el documento– habría autorizado “el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios políticos, denunciantes o testigos de los hechos criminales y habría utilizado a testaferros para ingresar dinero mal habido a la economía (…) simulando no tener ningún bien registrado a su nombre”.
De igual forma, añade el escrito, “habría dispuesto la compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales y judiciales para garantizar su poder e impunidad”.
En el documento, la Procuraduría solicita a la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Santa que se pronuncie sobre su pedido de ampliación de la investigación preparatoria del 23 de abril pasado.
Para los abogados del Estado, Álvarez debería ser procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación telefónica, peculado doloso, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.
LOS DETALLES
El informe señala que esta presunta red criminal habría tenido como objetivo asegurar la permanencia de Álvarez en el poder (reelección de 2011)“valiéndose de la organización del gobierno regional para apropiarse y disponer ilegalmente de fondos públicos y obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y demás actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas”.
Agrega que el objetivo de esta organización, que operaría desde el año 2009,habría sido cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a empresarios que postulaban a licitaciones de millonarias obras públicas.
“Parte de ese dinero habría sido destinado para comprar líneas editoriales de medios de comunicación locales a los que se suministraba de información, incluso obtenida por medio de intercepciones telefónicas, con el objetivo de desprestigiar a los opositores de la gestión del presidente regional y para sobornar a autoridades vinculadas al sistema de administración de justicia como policías, fiscales y jueces, quienes habrían tenido como rol impedir, obstaculizar y archivar las investigaciones o procesos judiciales contra los miembros de la ‘mafia’”, se indica.
La hipótesis incriminatoria señala que, para cometer los presuntos actos ilícitos,la organización criminal procuraba contar con un soporte político, mediático, judicial y coactivo, representado por congresistas, alcaldes, dueños de medios de comunicación, periodistas, policías, auxiliares jurisdiccionales, fiscales y jueces, seudodirigentes sindicales y sicarios, a efectos de garantizar impunidad por las vías del soborno, amedrentamiento o el asesinato de opositores.
Además, menciona que esta organización habría contado con testaferros (familiares, empleados o personal de confianza).
VÍNCULOS CON SICARIOS
El documento detalla que la red ilícita también tendría vínculos con sicarios que servirían para amedrentar y asesinar a sus opositores políticos o a quien se atreviera a denunciar o testificar los actos delincuenciales de la organización y que, finalmente, se habría valido de cómplices para ingresar el dinero mal habido a la economía a través de depósitos de dinero en cuentas bancarias y adquisición de bienes muebles e inmuebles.
‘LA CENTRALITA’
El escrito también hace mención a ‘La Centralita’, que habría sido un lugar que servía a la organización criminal como un sitio de ‘chupuneo’ teléfonico y de operaciones para coordinar, diseñar y ejecutar las acciones ilícitas destinadas a la permanencia, protección y/o reforzamiento del poder de Álvarez.
Específicamente, este local habría servido para sostener reuniones y coordinar la línea editorial de determinados periodistas de medios televisivos y radiales locales, con la finalidad de exaltar la imagen del presidente regional y desprestigiar a las personas que cuestionen su labor.
La Procuraduría consideró el testimonio de Juan Carlos Barrios Ávalos (presunto excolaborador en ‘La Centralita’). “(…) Creo que al último que seguimos fue a unos empresarios que llegaron a Chimbote, que iban a declarar en contra del doctor Heriberto Benítez en tiempo de campaña. Me acuerdo que llegó la orden de Heriberto. ‘Saben qué, sigan a esa gente’, los seguimos en un carro chico. Llegamos a canal 41 y nos dimos (cuenta) de que había dos camionetas y nuestro tema era seguirlos y verlos… dónde se hospedaban y cuándo se iban a retirar, ya el presidente regional (dijo): ‘Sabes qué, intervén a esa gente, hay que atentar contra ellos’”.
Y agregó: “Benítez y Álvarez tienen gente, tienen delincuentes de alto vuelo… porque ya no es la primera vez, ya tenemos un atentado contra el hijo del señor Nolasco, que también todo fue planeado, porque inclusive a mí me presentaron al cabecilla de eso…”.
REACCIONES
Consultado por Perú21Heriberto Benítez negó tajantemente formar parte de una organización criminal. “El procurador Christian Salas está realizando una acusación gravísima y falsa que tendrá que demostrar; de lo contrario, tomaré acciones legales en su contra. Los funcionarios de la Procuraduría están desesperados porque no encuentran ningún acto delictivo y están acusándonos de cualquier delito. Nunca he entregado información ilícita a nadie ni he sacado provecho de mi cargo de congresista. No he cometido ningún acto irregular”, enfatizó el parlamentario.
Este diario llamó insistentemente al congresista Crisólogo para conocer su respuesta a estas imputaciones, pero no respondió. Voceros de Álvarez dijeron aPerú21 que, por ahora, no dará declaraciones. En tanto, el jefe de prensa del alcalde del Santa, Jhon Honorio, indicó que el burgomaestre no se encuentra en su despacho y es imposible ubicarlo porque constantemente cambia de número telefónico.
PODRÍAN SEPARAR A BENÍTEZ
La situación de Benítez es complicada también en su bancada. El vocero de Solidaridad Nacional (SN), Gustavo Rondón, anunció que evalúan la posible separación del congresista luego de que la Comisión de Ética acordara abrirle investigación por ‘La Centralita’.
“Al inicio no faltaron ganas de separarlo por la defensa abierta que hizo de Álvarez, pero fuimos ecuánimes y consideramos que no se le había probado nada y hubiéramos hecho mal en separarlo entonces. Sin embargo, ahora Ética consideró abrirle una investigación y vamos a valorar este nuevo escenario”, expresó.
Añadió que no blindarán a Benítez y abogó porque se investigue “hasta las últimas consecuencias”.
TENGA EN CUENTA
- La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Nancy Moreno, informó que las rotaciones de fiscales dispuestas por el exfiscal José Peláez, a dos días de dejar su cargo, no forman parte de la propuesta que ella entregó.
- Moreno dijo al Diario Chimbote que propuso el cambio provisional, pero en las resoluciones publicadas en El Peruano solo se hace mención a rotaciones de fiscales titulares.
- “No se trata de la relación que enviamos a Lima la semana pasada, en la que se ha recomendado a un grupo de profesionales para que asuman algunas fiscalías provinciales”, sostuvo.
CASO NOLASCO
- Linda del Valle, abogada de Fiorela Nolasco, pidió a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito judicial de Huara que investigue el asesinato del exconsejero Ezequiel Nolasco, las declaraciones del presidente regional César Álvarez y del alcalde Luis Arroyo.
- También de los asesores del presidente regional de Áncash, Jorge Burgos y José Carmen Ramos, y al prófugo sicario Rubén Moreno Olivo, ‘Goro’.
- El objetivo de estas diligencias es conocer dónde se encontraban el día del asesinato y cuál era su relación con la víctima.
- Del Valle solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un radio de 15 cuadras a la redonda del lugar del asesinato de Nolasco, doce horas antes y doce horas después del crimen.
- La abogada señaló que aún no hay ningún avance de su pedido.

FUENTE: PERU21

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